Más de 900 empresas hoteleras en la demanda colectiva contra Booking auspiciada por CEHAT
Los abogados de CEHAT en el caso Booking ya defendieron en su momento que sí había habido daño, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo. Ahora el socio director de CCS, Jaime Concheiro, detalla a este diario en qué momento se encuentra esta iniciativa legal, con más de 900 empresas hoteleras registradas en su plataforma. La adhesión se mantiene abierta en plena fase comercial que reactivará este otoño con webinars y visitas presenciales a las asociaciones regionales, con el apoyo de la Confederación, en cuyo Congreso de Cartagena también estará presente. En paralelo, la acción europea promovida por HOTREC cerró su cupo a finales de agosto con más de 15.000 hoteles inscritos y prevé presentar la demanda a final de año. El foco inmediato se sitúa en Países Bajos, donde el próximo 27 de septiembre está prevista la publicación de una resolución relevante para este caso tras la interpretación del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre las cláusulas que restringen la competencia. CCS confía en un pronóstico favorable que, sin ser aún firme pues admite recurso, consolidaría la estrategia jurídica y animaría al colectivo.
El Tribunal de los Países Bajos publicará el 27 de septiembre su decisión sobre la aplicación de la interpretación del TJUE a las cláusulas de Booking.com. Según Jaime Concheiro, la percepción tras la vista es que la resolución podría ser favorable a la tesis de que dichas cláusulas no están amparadas por las exenciones previstas en la normativa y, por tanto, no deberían aplicarse.
Y prueba de ello, expone, es que el mercado europeo opera con comisiones medias cercanas al 18%, frente al 8-9% observado en Estados Unidos. Sin atribuir intencionalidad, vincula la diferencia a cláusulas que habrían perjudicado la competencia en Europa. Por ello el objetivo de esta acción es doble: resarcir daños y corregir el marco competitivo futuro para que la relación hotel-Booking sea más equilibrada.
A diferencia del modelo holandés, que arranca con una demanda declarativa sin cuantificar daños y en caso de declararse la infracción se realiza en una segunda fase, lo que puede alargar el procedimiento una media de 14 años, en España la vía procesal exige presentar desde el inicio la pericial económica y las cuantías exactas reclamadas. Por ello, aunque inicialmente la recopilación de datos sea más ardua e implique más tiempo, luego el proceso es más rápido, como ha explicado Concheiro, que estima su duración en cinco o seis años tras dos años de acopio de datos para la prueba económica, atendiendo a su experiencia en casos similares. En esta demanda ya llevan trabajando un año.
Por ello CCS ya ha pedido a los hoteles adheridos que vayan reuniendo sus datos de facturación, porcentaje de sus ventas que representa la OTA y su venta directa, modelo de negocio, etc., para cuando se los solicite, previsiblemente a finales de año, para construir la prueba, con especial atención a diferencias entre hoteles urbanos y establecimientos con peso de turoperación en su comercialización. Esta base permitirá a los economistas construir la pericial y ajustar los modelos a la estructura del mercado español.
El despacho de abogados descarta la prisa en este proceso, anticipa más adhesiones de grandes cadenas, aunque suelen preferir demandas propias para asegurarse el control de sus datos; mientras las pymes prefieren ceder sus derechos al fondo de litigación para que sea el que realice las reclamaciones y así no “significarse”. La expectativa de CCS es que el efecto arrastre aumente la adhesión conforme se conozcan nuevos hitos judiciales y se vea la masa crítica del colectivo.
Ante el temor de muchos hoteles de que Booking pudiera tomar represalias contra los demandantes, Concheiro sostiene que no se han observado en experiencias comparables, citando el caso de Alemania desde 2021 con 2.000 empresas hoteleras implicadas. Ha subrayado, además, que potenciales represalias serían contraproducentes para la OTA por su impacto reputacional y por el escrutinio de las autoridades europeas en el marco de su condición de gatekeeper y la aplicación de la DMA. En este sentido incide en que se trata de una disputa económica sobre prácticas de mercado, no de un conflicto “personal” entre compañías.
Y es que, como ha concluido Concheiro, “no queremos dañar a Booking ni que desaparezca, porque es un socio esencial para los hoteles y lo va a seguir siendo, pero tiene que haber una relación más justa con los hoteles. Porque en estos años la OTA ha explotado esa relación de una manera que ha dado lugar a que gane mucho dinero a costa de ellos”.
